La deplorable situación de los servicios sociales en España

Siempre me ha llamado la atención que, cuando se habla de ‘lo público’, se menciona habitualmente la sanidad, la educación y las pensiones, pero no los servicios sociales. Quizá se debe a que la mayoría de las personas, incluso las de clase trabajadora, no han tenido la necesidad de acudir en su vida a los servicios sociales de su municipio. O quizá no saben que son estos servicios sociales los que garantizan el acceso a algunos derechos, como el de disponer de atención para personas dependientes o de acceder a una renta en caso de ser víctima de violencia de género.

 

La existencia de los servicios sociales lleva implícitas dos cuestiones fundamentales: la aceptación de que vivimos en un sistema que genera desigualdades y la consideración de que el estado está obligado a tomar medidas para reducirlas. En medio de las consecuencias de una crisis estafa como la que estamos viviendo desde 2008, los servicios sociales permiten que todas aquellas personas que agotan su prestación por desempleo, aquellas mujeres que tienen que huir de sus casas y no cuentan con recursos para empezar una nueva vida y aquellos que necesitan un apoyo psicosocial para salir de una situación de exclusión social, puedan contar con los apoyos necesarios para vivir y seguir ejerciendo sus derechos.

Los servicios sociales garantizan derechos fundamentales, al igual que la educación, la sanidad y las pensiones

Los servicios sociales garantizan derechos fundamentales, al igual que la educación, la sanidad y las pensiones

 

Los servicios sociales y la transformación social

 

Resulta difícil entender el papel que cumplen los servicios sociales si nunca has acudido a ellos o no has trabajado en ese ámbito. Por sus dependencias pasan todo tipo de personas que, por diferentes circunstancias vitales —la inmensa mayoría de ellas, relacionadas de una u otra forma con la economía— ejercen su derecho a contar con el apoyo de las administraciones públicas para tener una vida digna. Ese es un derecho conquistado que debemos defender entre todas las personas, tanto aquellas que actualmente utilizan los servicios sociales como todo las que no contamos con el privilegio de estar suficientemente lejos del umbral de la pobreza como permitirnos perder el llamado “cuarto pilar del estado del bienestar”.

Hay quien considera, sin embargo, que los servicios sociales suponen una manera de justificar la desigualdad: el sistema capitalista genera la pobreza, y si queremos transformarlo en otro más justo, no podemos permitir que desarrolle medidas para justificar el status quo. No puedo estar en absoluto de acuerdo con esta afirmación. Los servicios sociales no son un regalo de los poderes económicos para garantizar la pervivencia de un sistema desigual, sino una conquista de las luchas de la clase trabajadora como las cuarenta horas semanales o el salario mínimo. Si nos planteamos en serio que la construcción de un sistema más justo pasa por condenar a la indigencia más absoluta a la mayoría de la población, es que tenemos nuestro sistema de valores bastante afectado.

Comparto la idea de que este sistema hay que cambiarlo, que no hay espacio en el capitalismo para desarrollar una sociedad que aspire a la justicia social. Solamente con un sistema que garantice un desarrollo sostenible social y ecológicamente, que en lugar de crear desigualdades tienda a eliminarlas y que no necesite de un crecimiento permanente, podemos comenzar a plantearnos alcanzar esa justicia social. Quizá me equivoque, pero hasta el momento no encuentro alternativa razonable.

Pero también creo que en derechos no se debe ir nunca hacia atrás. No se puede renunciar a los conseguido para aspirar a algo mejor. En primer lugar, porque las consecuencias sociales de una medida como esa, y en segundo lugar, porque aumentar las coberturas sociales sólo será posible en un estado con una economía más justa, lo que implica, a mi entender, un cambio de sistema.

En la defensa de los servicios sociales, sólo se puede ir hacia adelante

En la defensa de los servicios sociales, sólo se puede ir hacia adelante

 

El Índice DEC y los resultados del informe de 2013

 

Recientemente, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha publicado un informe con los datos de 2013 del Índice DEC, creado por esta asociación como un instrumento de medida del desarrollo de los servicios sociales en el estado español y en cada una de sus comunidades autónomas. Este índice es el resultado de analizar tres aspectos relacionados con los servicios sociales:

 

  • el de derechos y decisión política, que incluye la existencia de una ley que reconozca los derechos subjetivos y una cartera que desarrolle estos derechos publicada en el Boletín Oficial, entre otros;
  • el de relevancia económica, que evalúa el gasto por habitante, el porcentaje que representa con respecto al PIB regional y al gasto total ejecutado por la Comunidad Autónoma, y
  • el de cobertura, que valora la existencia de estructuras básicas (equipos profesionales e infraestructuras), el porcentaje de personas beneficiarias de las medidas de apoyo a la dependencia y la discapacidad, y otras.

 

Pues bien, los resultados obtenidos tanto por el estado como por las comunidades autónomas son deplorables. España obtiene una puntuación global de débil y solamente tres comunidades obtienen un nivel alto o medio: Navarra, País Vasco y La Rioja. El resto se encuentra en un nivel medio—bajo y débil, quedando Valencia, Canarias, Galicia, Madrid, Murcia y Andalucía en el calificado como irrelevante, lo que implica un claro déficit en el desarrollo de los servicios sociales en la mayoría de las comunidades, y sobre todo en estas últimas. Ninguna obtiene la calificación de excelente.

 

Las conclusiones principales del informe son demoledoras. Con respecto a los servicios sociales en el conjunto de las comunidades del estado español, se observa

 

  • un nivel débil de desarrollo,
  • un estancamiento del sistema,
  • una extraordinaria disparidad entre las comunidades autónomas,
  • la necesidad de mejorar la gestión y de apostar por aumentar el protagonismo local,
  • la falsedad de esa idea de que los servicios sociales son determinantes en el déficit de las comunidades autónomas y
  • los extraordinarios déficit de información que siguen existiendo en materia de servicios sociales.

 

Uno de los datos importantes que aporta el informe es el retroceso en servicios sociales debido a los recortes y el aumento de demanda relacionada con el desempleo, que se suma al tradicional atraso en esta materia por habernos incorporado de manera tardía a las estrategias de bienestar a causa de la dictadura franquista. Junto a este dato, yo incorporaría la extraordinaria implantación de organizaciones vinculadas a la iglesia católica. Hablo principalmente de Cáritas, que sumando todos sus ‘satélites’ ha sido desde siempre una de las mayores perceptoras de financiación pública del país.

 

La solidaridad se ejerce de igual a igual, la caridad se ejerce de arriba a abajo

La solidaridad se ejerce de igual a igual, la caridad se ejerce de arriba a abajo

 

La puntuación del conjunto de las comunidades autónomas sólo aumenta en dos décimas la de 2012, pasando de un 4,72 al actual 4,92, que no se puede imputar a un aumento de las partidas destinadas a este fin —que realmente se ha reducido en más de 478 millones de euros desde 2009 a 2012— sino a una mayor información por parte de la ciudadanía sobre estos recursos. Dicha puntuación no podría entenderse sin conocer que la escala va de 0 a 10, lo que sitúa a los servicios sociales aproximadamente en la media.

El informe incluye además un análisis por cada comunidad autónoma. En el siguiente artículo, analizaré los datos correspondientes a Canarias por resultarme más conocidos y por encontrarse esta comunidad entre las de puntuación más baja. Para acabar, el informe recoge las recomendaciones de los autores del informe, muchas de las cuáles contienen una importante denuncia sobre la situación actual de los servicios sociales en el conjunto del país y los recortes que acabar con nuestro derecho a la protección social.

 

¿De qué nos hablan realmente los resultados del Índice DEC?

 

Hasta el momento me he limitado a dar datos de forma aséptica, como si sólo se tratara de conceptos referidos a entidades abstractas, pero nada más lejos de mi intención. Los resultados del Índice DEC nos hablan del reconocimiento de derechos por ley y de personas cuyo trabajo consiste en garantizarlos; de otras personas que necesitan unos ingresos para poder, al menos, subsistir; de plazas residenciales para personas mayores y personas con discapacidad; de centros ocupacionales; de mujeres víctimas de violencia de género que no podrían salir de su situación sin apoyo y de personas sin hogar. Todas ellas, situaciones inaceptables para una sociedad que se pretenda medianamente democrática.

Los datos del informe nos hablan de personas reales que, por diferentes circunstancias, necesitan que entre todos y todas les permitamos ejercer los mismos derechos de los que disfrutamos los demás. Nada más y nada menos que eso. Tengamos eso en cuenta cuando se nos pase nombrar a los servicios sociales en nuestras conversaciones sobre ‘lo público’: sin los servicios sociales, la desigualdad se convierte en un sumidero de personas.

 

La pobreza es real y tiene nombres y apellidos

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Recomendaciones del informe

 

Las recomendaciones que los autores del informe sobre el desarrollo de los servicios sociales en España son una alerta sobre la deplorable situación a la que están empujando a un recurso  que garantizan en último término que cualquier persona pueda ejercer sus derechos básicos, independientemente de su nivel educativo o de su renta. Las peticiones son claras:

 

  • Desarrollar una regulación que garantice el acceso de todos los españoles a las condiciones básicas que garanticen la igualdad, lo que implica un trabajo conjunto con las comunidades autónomas pero, sobre todo, mucha decisión política y mucho apoyo por parte de todos y todas.
  • Articular un sistema de información de servicios sociales, de manera que todas las personas puedan conocer y ejercer sus derechos.

 

Además, y con más urgencia que provoca la actual situación, deberían desarrollarse las siguientes medidas:

 

  • Comprometerse, al menos, en el mantenimiento del gasto en materia de servicios sociales, un gasto del que se afirma su retorno en un 43,2%. Personalmente, no creo que este deba ser un argumento a tener en cuenta para desarrollar esta medida.
  • Pasar de las llamadas Rentas Mínimas de Inserción, que obligan al usuario a iniciar un proceso de inserción laboral en medio de un desempleo que afecta a la cuarta parte de la población activa y que sigue en aumento, a una Garantía de Ingresos Mínimos, una prestación con carácter de derecho subjetivo que garantice los ingresos para cubrir la necesidades básicas, donde el apoyo para la inserción se ofrezca como un derecho y no como un deber.
  • Mantener del sistema de atención a la dependencia que garantiza la Ley 39/2006, lo que también produciría retornos sobre la economía y el empleo.
  • Mantener el llamado Plan Concertado, que permite mantener una red de 50.000 trabajadores y trabajadoras y que atiende a ocho millones de usuarios en estos momentos.
  • Corregir las previsiones de la Reforma de Régimen Local en materia de servicios sociales. Este tema es tan importante que merece un artículo aparte, espero poder escribirlo pronto.
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Política y servicios sociales en España

 

A partir de los datos, se puede afirmar que tanto el PSOE como el PP en casi todo el estado, como Coalición Canaria en las islas y CiU en Cataluña, donde ha gobernado durante siete legislaturas, comparten la responsabilidad de la actual situación de los servicios sociales en el estado español. Ambos partidos han gobernado en aquellas comunidades autónomas con la puntuaciones más bajas en el Índice DEC. Solamente pueden apuntarse un dato positivo en Navarra, la comunidad que más alto puntúa.

La pésima situación de los servicios sociales en España no podría entenderse sin el retraso histórico que provocó el régimen franquista, pero tampoco sin la dejadez de los sucesivos gobiernos estatales y regionales, con los citados partidos a la cabeza. Ellos son también responsables del subdesarrollo social de España, como diría el economista Vicenç Navarro (1), y las medidas que han desarrollado en las dos últimas legislaturas no han contribuido sino a aumentar esta lamentable situación.

La gravedad del asunto implica tomar medidas políticas urgentes y contundentes que no sólo mantengan, sino que aumenten la cobertura social con el fin de evitar una situación de crisis humanitaria, donde en lugar de refugiados por conflictos bélicos —la pobreza es una de las más deplorables formas de violencia, a mi entender— nos encontramos con personas sin hogar, hacinadas en viviendas familiares y sin recursos para sobrevivir. Y que se actúe en consecuencia a la hora de elegir a los representantes políticos si no desarrollan políticas en este sentido.

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1 Aquí tienen un fantástico artículo suyo sobre el desarrollo de los servicios sociales en España.

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Una respuesta a “La deplorable situación de los servicios sociales en España”

  1. Miguel Blanco diciembre 11, 2013 a 11:15 #

    Lamentable situación, reflejo de la lamentable realidad española.
    Tengo un familiar aquejado de esquizofrenia. Recibe ayudas de los servicios sociales municipales, pero es insuficiente y tenemos que apoyarla física, psicológica y económicamente, puesto que de otra manera viviría prácticamente en la indigencia.

    Un saludo.

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