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El peligro de la ‘psicologización’ de la violencia contra las mujeres

Muchas de las mujeres que acuden a una consulta de psicología sufren o han sufrido alguna vez agresiones por parte de parejas, hermanos o padres. Es algo tan habitual que indagar sobre una posible situación de este tipo se convierte en necesario a la hora de realizar la evaluación inicial de los problemas de cualquier mujer que acude a la consulta.

 

La lucha que los movimientos feministas han desarrollado durante décadas contra esta lacra ha conseguido que hoy en día las instituciones públicas hayan asumido su parte de responsabilidad, y esto es sin duda alguna un éxito enorme. Sin embargo, está claro que todavía queda mucho trabajo por delante, y eso lo comprobamos continuamente los profesionales que trabajamos con el sufrimiento de la gente.

 

Los movimientos feministas han jugado un papel fundamental en la lucha contra la violencia contra las mujeres

Los movimientos feministas han jugado un papel fundamental en la lucha contra la violencia contra las mujeres

 

A pesar de las campañas de sensibilización y concienciación que se vienen realizando desde hace años, sigue siendo habitual encontrar en la consulta a mujeres que vienen a buscar ayuda para reducir su malestar sin asumir (o sin querer asumir, en algunos casos y por razones de peso) una relación directa con estas situaciones de violencia que se dan o se han dado en sus vidas. Tengamos en cuenta que, en muchas ocasiones, aceptar la existencia de maltrato supone tener que abandonar el hogar y concluir una relación que ha durado muchos años y en la que se ha invertido mucho tiempo, ilusiones y esfuerzos.

 

Esta aparente disociación entre el malestar y las situaciones de violencia que encontramos constantemente indica dos cosas. Por una parte, que todavía hace falta mucho trabajo de concienciación en la lucha contra la violencia machista. Una década después de la aprobación de la necesaria Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, parece claro que los esfuerzos invertidos no han sido suficientes. Con este panorama, es necesario seguir investigando las causas de la violencia para dar con medidas más efectivas para reducirla.

 

Por otra parte, resulta preocupante la “psicologización” de los problemas, esa tendencia a buscar las causas del sufrimiento en los propios pensamientos y emociones de la persona, como si buena parte del mismo no tuviera que ver también con otras causas sociales, culturales y económicas. La multifactorialidad es la norma cuando hablamos del malestar humano, pero cada vez resulta más frecuente que se acuda a una consulta de psicología con el fin de solucionar problemas cuya causa no es psicológica, o no completamente.

La intervención psicológica es muy útil para las víctimas, pero no reduce la incidencia de la violencia machista

La intervención psicológica es muy útil para las víctimas, pero no reduce la incidencia de la violencia machista

 

En este sentido, las situaciones de violencia y desigualdad son las más claras: personas que sufren acoso laboral, mujeres víctimas de la violencia machista, parados de larga duración que buscan reducir la ansiedad y la preocupación de no poder llegar a fin de mes. La psicologización tiene consecuencias desastrosas cuando lleva a la persona a no identificar las causas reales de su sufrimiento y a pensar que la causa de sus problemas está “dentro” de sí misma, convirtiéndola en la única responsable tanto de este sufrimiento como de su solución.

 

Los responsables de esta tendencia a la psicologización son muchos y variados, e incluyen tanto a los propios psicólogos cuando reducen la explicación de cualquier fenómeno a factores individuales, como a ese gran mercado de libros de autoayuda, coaches, promotores de la Nueva Era y el bienestar individual que se empeñan en buscar las causas y soluciones de todo lo que nos ocurre en la vida en nuestra “actitud” y en el desarrollo de nuestras “potencialidades”. Una cosa es atender a la consecuencias psicológicas de situaciones objetivas injustas y estresantes y otra muy distinta es olvidar las causas sociales de los problemas individuales.

 

La violencia machista, al igual que otros fenómenos sociales, no se reduce con psicólogos, terapias ‘buenrollistas’ y talleres de conciencia plena y desarrollo personal. No se trata de un déficit de “inteligencia emocional” ni se puede asumir, a la vista de los resultados, que se pueda reducir solamente con campañas de concienciación y apelando al cambio individual. Si existe una salida real, esta tendrá que pasar necesariamente por conocer bien las múltiples causas del fenómeno y abordarlas desde las instituciones públicas, y para ello es necesaria más investigación y un mayor compromiso político. De otra manera, seguiremos apagando el fuego cuando aparece en lugar de prevenirlo, y esa no es ninguna solución.

 

NOTA: He utilizado conscientemente los términos ‘violencia machista’, ‘violencia contra las mujeres’ y ‘violencia de género’ como intercambiables, ya que el fin de este artículo no es decidir cuál es la mejor forma de nombrarla  sino atender al problema de la psicologización en este y otros fenómenos sociales.

¿Si no consigo empleo es que tengo un problema de actitud?

Si eres uno de los millones de españoles que siguen en desempleo es que tienes un problema de actitud. Supongo que esto es lo que deben pensar los responsables de las agencias de empleo y servicios sociales en este país, a la vista del auge de los talleres de coaching, desarrollo personal y motivación que se han puesto en marcha en los últimos años.

 

La ideología del “buenrollismo” que pone toda la responsabilidad en el individuo ha calado hondo entre los responsables de las políticas de empleo a todos los niveles; desde la Ministra de Empleo, que ha prologado un libro donde se nos explica que lo importante es un cambio de actitud y aprender a venderse como una “marca personal”, hasta los ayuntamientos más pequeños, que ante el fracaso de sus políticas se han lanzado a organizar y promocionar talleres siguiendo la pauta marcada por el insigne Paulo Coelho: Cuando quieres realmente una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla.

Si piensas que hay condicionantes sociales, enconómicos y biológicos es que no tienes una actitud positiva.

Si piensas que hay condicionantes sociales, enconómicos y biológicos es que no tienes una actitud positiva.

 

Todo vale mientras se venda como un medio para “reinventarte” y “desarrollar tus potencialidades”. Lo más habitual es contratar a un coach y realizar un taller que prometa sacar el Superman que llevas dentro con un método estupendo que no se enseña en los planes de estudio de las universidades porque está reservado para aquellos que van más allá de la “ciencia oficial”. O para los que están dispuestos a pagar miles de euros por un curso de técnicas sin ningún aval científico, como ustedes prefieran. Y en este asunto da igual el color político: la ideología del pensamiento positivo no es de izquierdas ni de derechas.

 

El rey de la casa es el coaching, que se extiende como una mancha de aceite por todas partes, desde Santander hasta Cádiz. Estos coaches se afanan por enseñarte a descubrir que “todo empieza y todo acaba en ti”, como diría Ismael Serrano, y no dudan en utilizar cualquier procedimiento con tal de convencerte que, si te lo propones, podrás superar las auténticas barreras que te impiden alcanzar el éxito laboral: tus propios pensamientos y emociones.

 

Taller de coaching organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba

Taller de coaching organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba

 

El coaching no le hace ascos a ningún método. Podemos encontrar talleres de Programación Neuro Lingüística (PNL), una pseudociencia con marca registrada que ha sido desmontada por muchos estudios pero que no pierde actualidad gracias a la cantidad de coaches (entre los que hay también algunos psicólogos, hay que decirlo) que han pagado una pasta por el título y que, lógicamente, quieren sacarle rendimiento. Tenemos ejemplos de ello en este taller organizado por el Ayuntamiento de Tres Cantos o en este otro, realizado Las Rozas, ambos en Madrid.

 

También son reclamos habituales la Inteligencia Emocional y la Psicología Positiva, un movimiento reciente nacido en el seno de la psicología que no deja de crecer a pesar de las duras críticas que ha recibido y de haber sufrido duros golpes en su corta existencia, como ha ocurrido recientemente con el famoso “ratio de positividad” de la investigadora Barbara Fredrickson, que ha sido desmantelado por un aficionado. A este carro se han sumado, entre otros, los ayuntamientos de Ribarroja del Turia (Comunidad Valenciana) y Santa Lucía (Las Palmas de Gran Canaria).

 

En Ribarroja del Turia han optado por un gurú del pensamiento positivo (pincha en la imagen para agrandar)

En Ribarroja del Turia han optado por un gurú del pensamiento positivo (pincha en la imagen para agrandar)

 

REINVENTARSE, LA PALABRA MÁGICA

Hoy en día, quien no se reinventa es porque no sabe. Esto es lo que debe pensar esa legión de concejales de empleo, técnicos de agencias de desarrollo local, supuestos expertos y hasta presentadores de televisión, que se están dedicando a publicar libros y organizar talleres para explicarnos cómo llevar a cabo el gran cometido de la REINVENCIÓN. Desde Galapagar (Madrid) hasta Camargo (Cantabria), incluyendo a algún sindicato. Reinventarse ya no es una opción: es una obligación.

 

Todo este asunto empieza a volverse grotesco cuando se trata de personas sin recursos que tienen que recurrir a los servicios sociales porque no tienen ni para comer. Esto es lo que ha ocurrido estos días en el Ayuntamiento de La Orotava (Tenerife), donde se ha organizado un taller denominado “Nuevas masculinidades: reinventándose ante las dificultades” con hombres que perciben la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Se trata una medida para conseguir la inserción social, económica y laboral de aquel sector de la población con especiales dificultades de integración. Lo que antes eran talleres educativos para la lucha contra la desigualdad de género, ahora se hacen pasar por métodos para “descubrirse como seres íntegros, libres, comprometidos y responsables de sus vidas” donde “se concibe a la persona desde la integración de sus dimensiones corporal, emocional, mental, sexual, espiritual y social”. Y publicando la foto de los participantes en la página web del ayuntamiento, lo que podría constituir incluso una violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero todo de buen rollo.

 

ESTO SOLO LO ARREGLAMOS ENTRE TODOS

La religión del “buenrollismo” va ganando adeptos. Detrás de esos mensajes positivos se esconde una ideología que iguala a los que sufren la crisis y a los que la han causado. Hasta hace unos años, el pensamiento positivo como solución a los problemas de la vida estaba relegado a los libros de autoayuda. Pero ahora encontramos a supuestos expertos pagados con fondos públicos que pretenden buscar soluciones individuales a los problemas sociales. Nos quieren convencer de que el problema y la solución está en nosotros mismos, y lo hacen con nuestro propio dinero. Y encima esperan que les demos las gracias.

Campaña lanzada por la Fundación Confianza, formada por un grupo de empresarios españoles

Campaña lanzada por la Fundación Confianza, formada por un grupo de empresarios españoles

 

NOTA FINAL: El pasado domingo 31 de agosto, el Periódico de Extremadura publicaba un artículo titulado: “El ‘coaching’ crece como último recurso contra el desempleo”. Si este es el último recurso, estamos apañados.

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La deplorable situación de los servicios sociales en España

Siempre me ha llamado la atención que, cuando se habla de ‘lo público’, se menciona habitualmente la sanidad, la educación y las pensiones, pero no los servicios sociales. Quizá se debe a que la mayoría de las personas, incluso las de clase trabajadora, no han tenido la necesidad de acudir en su vida a los servicios sociales de su municipio. O quizá no saben que son estos servicios sociales los que garantizan el acceso a algunos derechos, como el de disponer de atención para personas dependientes o de acceder a una renta en caso de ser víctima de violencia de género.

 

La existencia de los servicios sociales lleva implícitas dos cuestiones fundamentales: la aceptación de que vivimos en un sistema que genera desigualdades y la consideración de que el estado está obligado a tomar medidas para reducirlas. En medio de las consecuencias de una crisis estafa como la que estamos viviendo desde 2008, los servicios sociales permiten que todas aquellas personas que agotan su prestación por desempleo, aquellas mujeres que tienen que huir de sus casas y no cuentan con recursos para empezar una nueva vida y aquellos que necesitan un apoyo psicosocial para salir de una situación de exclusión social, puedan contar con los apoyos necesarios para vivir y seguir ejerciendo sus derechos.

Los servicios sociales garantizan derechos fundamentales, al igual que la educación, la sanidad y las pensiones

Los servicios sociales garantizan derechos fundamentales, al igual que la educación, la sanidad y las pensiones

 

Los servicios sociales y la transformación social

 

Resulta difícil entender el papel que cumplen los servicios sociales si nunca has acudido a ellos o no has trabajado en ese ámbito. Por sus dependencias pasan todo tipo de personas que, por diferentes circunstancias vitales —la inmensa mayoría de ellas, relacionadas de una u otra forma con la economía— ejercen su derecho a contar con el apoyo de las administraciones públicas para tener una vida digna. Ese es un derecho conquistado que debemos defender entre todas las personas, tanto aquellas que actualmente utilizan los servicios sociales como todo las que no contamos con el privilegio de estar suficientemente lejos del umbral de la pobreza como permitirnos perder el llamado “cuarto pilar del estado del bienestar”.

Hay quien considera, sin embargo, que los servicios sociales suponen una manera de justificar la desigualdad: el sistema capitalista genera la pobreza, y si queremos transformarlo en otro más justo, no podemos permitir que desarrolle medidas para justificar el status quo. No puedo estar en absoluto de acuerdo con esta afirmación. Los servicios sociales no son un regalo de los poderes económicos para garantizar la pervivencia de un sistema desigual, sino una conquista de las luchas de la clase trabajadora como las cuarenta horas semanales o el salario mínimo. Si nos planteamos en serio que la construcción de un sistema más justo pasa por condenar a la indigencia más absoluta a la mayoría de la población, es que tenemos nuestro sistema de valores bastante afectado.

Comparto la idea de que este sistema hay que cambiarlo, que no hay espacio en el capitalismo para desarrollar una sociedad que aspire a la justicia social. Solamente con un sistema que garantice un desarrollo sostenible social y ecológicamente, que en lugar de crear desigualdades tienda a eliminarlas y que no necesite de un crecimiento permanente, podemos comenzar a plantearnos alcanzar esa justicia social. Quizá me equivoque, pero hasta el momento no encuentro alternativa razonable.

Pero también creo que en derechos no se debe ir nunca hacia atrás. No se puede renunciar a los conseguido para aspirar a algo mejor. En primer lugar, porque las consecuencias sociales de una medida como esa, y en segundo lugar, porque aumentar las coberturas sociales sólo será posible en un estado con una economía más justa, lo que implica, a mi entender, un cambio de sistema.

En la defensa de los servicios sociales, sólo se puede ir hacia adelante

En la defensa de los servicios sociales, sólo se puede ir hacia adelante

 

El Índice DEC y los resultados del informe de 2013

 

Recientemente, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha publicado un informe con los datos de 2013 del Índice DEC, creado por esta asociación como un instrumento de medida del desarrollo de los servicios sociales en el estado español y en cada una de sus comunidades autónomas. Este índice es el resultado de analizar tres aspectos relacionados con los servicios sociales:

 

  • el de derechos y decisión política, que incluye la existencia de una ley que reconozca los derechos subjetivos y una cartera que desarrolle estos derechos publicada en el Boletín Oficial, entre otros;
  • el de relevancia económica, que evalúa el gasto por habitante, el porcentaje que representa con respecto al PIB regional y al gasto total ejecutado por la Comunidad Autónoma, y
  • el de cobertura, que valora la existencia de estructuras básicas (equipos profesionales e infraestructuras), el porcentaje de personas beneficiarias de las medidas de apoyo a la dependencia y la discapacidad, y otras.

 

Pues bien, los resultados obtenidos tanto por el estado como por las comunidades autónomas son deplorables. España obtiene una puntuación global de débil y solamente tres comunidades obtienen un nivel alto o medio: Navarra, País Vasco y La Rioja. El resto se encuentra en un nivel medio—bajo y débil, quedando Valencia, Canarias, Galicia, Madrid, Murcia y Andalucía en el calificado como irrelevante, lo que implica un claro déficit en el desarrollo de los servicios sociales en la mayoría de las comunidades, y sobre todo en estas últimas. Ninguna obtiene la calificación de excelente.

 

Las conclusiones principales del informe son demoledoras. Con respecto a los servicios sociales en el conjunto de las comunidades del estado español, se observa

 

  • un nivel débil de desarrollo,
  • un estancamiento del sistema,
  • una extraordinaria disparidad entre las comunidades autónomas,
  • la necesidad de mejorar la gestión y de apostar por aumentar el protagonismo local,
  • la falsedad de esa idea de que los servicios sociales son determinantes en el déficit de las comunidades autónomas y
  • los extraordinarios déficit de información que siguen existiendo en materia de servicios sociales.

 

Uno de los datos importantes que aporta el informe es el retroceso en servicios sociales debido a los recortes y el aumento de demanda relacionada con el desempleo, que se suma al tradicional atraso en esta materia por habernos incorporado de manera tardía a las estrategias de bienestar a causa de la dictadura franquista. Junto a este dato, yo incorporaría la extraordinaria implantación de organizaciones vinculadas a la iglesia católica. Hablo principalmente de Cáritas, que sumando todos sus ‘satélites’ ha sido desde siempre una de las mayores perceptoras de financiación pública del país.

 

La solidaridad se ejerce de igual a igual, la caridad se ejerce de arriba a abajo

La solidaridad se ejerce de igual a igual, la caridad se ejerce de arriba a abajo

 

La puntuación del conjunto de las comunidades autónomas sólo aumenta en dos décimas la de 2012, pasando de un 4,72 al actual 4,92, que no se puede imputar a un aumento de las partidas destinadas a este fin —que realmente se ha reducido en más de 478 millones de euros desde 2009 a 2012— sino a una mayor información por parte de la ciudadanía sobre estos recursos. Dicha puntuación no podría entenderse sin conocer que la escala va de 0 a 10, lo que sitúa a los servicios sociales aproximadamente en la media.

El informe incluye además un análisis por cada comunidad autónoma. En el siguiente artículo, analizaré los datos correspondientes a Canarias por resultarme más conocidos y por encontrarse esta comunidad entre las de puntuación más baja. Para acabar, el informe recoge las recomendaciones de los autores del informe, muchas de las cuáles contienen una importante denuncia sobre la situación actual de los servicios sociales en el conjunto del país y los recortes que acabar con nuestro derecho a la protección social.

 

¿De qué nos hablan realmente los resultados del Índice DEC?

 

Hasta el momento me he limitado a dar datos de forma aséptica, como si sólo se tratara de conceptos referidos a entidades abstractas, pero nada más lejos de mi intención. Los resultados del Índice DEC nos hablan del reconocimiento de derechos por ley y de personas cuyo trabajo consiste en garantizarlos; de otras personas que necesitan unos ingresos para poder, al menos, subsistir; de plazas residenciales para personas mayores y personas con discapacidad; de centros ocupacionales; de mujeres víctimas de violencia de género que no podrían salir de su situación sin apoyo y de personas sin hogar. Todas ellas, situaciones inaceptables para una sociedad que se pretenda medianamente democrática.

Los datos del informe nos hablan de personas reales que, por diferentes circunstancias, necesitan que entre todos y todas les permitamos ejercer los mismos derechos de los que disfrutamos los demás. Nada más y nada menos que eso. Tengamos eso en cuenta cuando se nos pase nombrar a los servicios sociales en nuestras conversaciones sobre ‘lo público’: sin los servicios sociales, la desigualdad se convierte en un sumidero de personas.

 

La pobreza es real y tiene nombres y apellidos

La pobreza es real y tiene nombres y apellidos

 

Recomendaciones del informe

 

Las recomendaciones que los autores del informe sobre el desarrollo de los servicios sociales en España son una alerta sobre la deplorable situación a la que están empujando a un recurso  que garantizan en último término que cualquier persona pueda ejercer sus derechos básicos, independientemente de su nivel educativo o de su renta. Las peticiones son claras:

 

  • Desarrollar una regulación que garantice el acceso de todos los españoles a las condiciones básicas que garanticen la igualdad, lo que implica un trabajo conjunto con las comunidades autónomas pero, sobre todo, mucha decisión política y mucho apoyo por parte de todos y todas.
  • Articular un sistema de información de servicios sociales, de manera que todas las personas puedan conocer y ejercer sus derechos.

 

Además, y con más urgencia que provoca la actual situación, deberían desarrollarse las siguientes medidas:

 

  • Comprometerse, al menos, en el mantenimiento del gasto en materia de servicios sociales, un gasto del que se afirma su retorno en un 43,2%. Personalmente, no creo que este deba ser un argumento a tener en cuenta para desarrollar esta medida.
  • Pasar de las llamadas Rentas Mínimas de Inserción, que obligan al usuario a iniciar un proceso de inserción laboral en medio de un desempleo que afecta a la cuarta parte de la población activa y que sigue en aumento, a una Garantía de Ingresos Mínimos, una prestación con carácter de derecho subjetivo que garantice los ingresos para cubrir la necesidades básicas, donde el apoyo para la inserción se ofrezca como un derecho y no como un deber.
  • Mantener del sistema de atención a la dependencia que garantiza la Ley 39/2006, lo que también produciría retornos sobre la economía y el empleo.
  • Mantener el llamado Plan Concertado, que permite mantener una red de 50.000 trabajadores y trabajadoras y que atiende a ocho millones de usuarios en estos momentos.
  • Corregir las previsiones de la Reforma de Régimen Local en materia de servicios sociales. Este tema es tan importante que merece un artículo aparte, espero poder escribirlo pronto.
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Política y servicios sociales en España

 

A partir de los datos, se puede afirmar que tanto el PSOE como el PP en casi todo el estado, como Coalición Canaria en las islas y CiU en Cataluña, donde ha gobernado durante siete legislaturas, comparten la responsabilidad de la actual situación de los servicios sociales en el estado español. Ambos partidos han gobernado en aquellas comunidades autónomas con la puntuaciones más bajas en el Índice DEC. Solamente pueden apuntarse un dato positivo en Navarra, la comunidad que más alto puntúa.

La pésima situación de los servicios sociales en España no podría entenderse sin el retraso histórico que provocó el régimen franquista, pero tampoco sin la dejadez de los sucesivos gobiernos estatales y regionales, con los citados partidos a la cabeza. Ellos son también responsables del subdesarrollo social de España, como diría el economista Vicenç Navarro (1), y las medidas que han desarrollado en las dos últimas legislaturas no han contribuido sino a aumentar esta lamentable situación.

La gravedad del asunto implica tomar medidas políticas urgentes y contundentes que no sólo mantengan, sino que aumenten la cobertura social con el fin de evitar una situación de crisis humanitaria, donde en lugar de refugiados por conflictos bélicos —la pobreza es una de las más deplorables formas de violencia, a mi entender— nos encontramos con personas sin hogar, hacinadas en viviendas familiares y sin recursos para sobrevivir. Y que se actúe en consecuencia a la hora de elegir a los representantes políticos si no desarrollan políticas en este sentido.

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1 Aquí tienen un fantástico artículo suyo sobre el desarrollo de los servicios sociales en España.

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¿Intervención en exclusión social? ¿para qué?

Durante años he trabajado como psicólogo en el ámbito de la inclusión social en los Servicios Sociales de varios municipios de Tenerife. En Canarias, como ocurre en muchas otras regiones,el gobierno autónomo ha privatizado de manera tácita la intervención social, sacando a concurso la gestión de los diferentes recursos y proyectos (centros de menores, casas de acogida, comedores sociales o proyectos de inclusión) a organizaciones sin ánimo de lucro, que son las que gestionan. Los proyectos que desarrollábamos – este año no aceptamos la subvención porque no teníamos garantías de que el Gobierno de Canarias llegara a ingresar el dinero – consistían en intervenciones individuales, familiares y grupales dirigidas a evaluar y reducir los problemas formativos y psicológicos que en muchas ocasiones sufren estas personas.

 

En el año 2009 conocí por primera vez el drama de las personas que son desahuciadas y siguen debiendo la hipoteca. Una chica casada, desempleada, procedente de otro país y con dos niños había perdido su vivienda y aún seguía debiendo más de 100.000 € al banco. No sólo le habían embargado su casa, también le habían robado la posibilidad de empezar de cero. Le resultaba muy difícil conseguir trabajo porque a su condición de inmigrante y mujer se sumaba su falta de formación, y si llegaba a alcanzar una nómina, inmediatamente le retendrían una parte para pagar la deuda: estaba condenada a trabajar en negro o volver a su país de origen. Aunque nos había sido remitida para intervención psicológica, su única demanda era que le ayudáramos a buscar alguna solución para librarse al menos del lastre de la hipoteca. Puedo decir con toda seguridad que no necesitaba ningún psicólogo.

 

 

¿Cuál es el papel de un proyecto de intervención con personas en situación de exclusión social? Aunque el propio concepto de inclusión social es muy controvertido, podemos aceptar que estos programas se dirigen a reducir el impacto de aquellos factores que generan desigualdad, favoreciendo la justicia social. En una situación con una baja tasa de desempleo, con posibilidades reales de acceder a recursos de formación y de atención a diversas problemáticas (drogodependencia, violencia de género, recursos de salud y otros), el rol de los profesionales de la inclusión social es muy claro: intervenir para facilitar el acceso a estos recursos con aquellas personas y familias que de una manera u otra tienen dificultades para acceder a ellos. Por este motivo, cada vez tengo menos dudas de que estos proyectos no sirven para nada si no se acompañan de una política de protección social efectiva. Así, ofrecer intervención psicológica a una persona que está sufriendo el drama de un desahucio es como dar antiinflamatorios a quien viene pidiendo ayuda con un puñal en la espalda.

 

Poco se puede hacer si la riqueza del estado no está al servicio de la ciudadanía. Hacen falta políticas de empleo eficaces basadas en la inversión pública. Es necesario que exista una oferta de trabajo para estas personas y que no tengan que preocuparse por los gastos básicos si queremos que la intervención social tenga algún sentido. Nuestro trabajo ha demostrado ser útil cuando va dirigido a aquellas personas que estando en exclusión social o riesgo de padecerla, presentan además necesidades formativas o problemas de tipo psicológico. En este estado de total precariedad, el papel de los psicólogos y educadores en la intervención social queda diluido, y el de los trabajadores sociales se reduce a tramitar ayudas que no llegan y a abastecer de comida y ropa a las personas más desamparadas: pura caridad.

 

Los profesionales de la intervención social debemos exigir que el gobierno revierta inmediatamente su política de recortes y ponga en marcha un plan ambicioso de protección social y desarrollo económico. Tenemos razones morales para ello. Tenemos razones incluso egoístas, ya que en cualquier momento podemos estar también al otro lado de la mesa en una Oficina de Empleo o en los propios Servicios Sociales. Pero además tenemos razones profesionales para ello. Si realmente nos creemos lo de la inclusión social, es imprescindible que demandemos un cambio radical de las políticas que desarrolla en este momento el gobierno español y la Unión Europea. Mientras tanto, seguiremos siendo cómplices de la gran farsa que supone el papel de los Servicios Sociales en medio de esta brutal crisis estafa económica.